Francia aprueba una ley para proteger las lenguas regionales y facilitar su enseñanza

La norma sale adelante con un amplio apoyo de la oposición y sin respaldo del Gobierno

Francia, el país europeo por excelencia del centralismo y la uniformidad lingüística, aprobó este jueves una ley para proteger las lenguas regionales. La Asamblea Nacional adoptó con 247 votos a favor y 76 en contra un texto, ya aprobado en diciembre por el Senado, que facilitará la inmersión lingüística en las escuelas públicas de regiones francesas donde se habla catalán, euskera, occitano, corso, alsaciano o bretón, siempre que padres y educadores lo soliciten. La ley, que no contaba con el apoyo del Gobierno francés, avanzó por iniciativa de un pequeño grupo parlamentario y un diputado bretón, Paul Molac. Contaba con un amplio apoyo entre la oposición, pero también de diputados de La República en Marcha (LREM), el partido del presidente Emmanuel Macron.

Además de facilitar la inmersión o enseñanza de otras materias en lenguas minoritarias, la ley permitirá subvencionar escuelas bilingües privadas en lugares donde no sea posible el acceso a la educación en estas lenguas en el sistema público, y promoverá la señalización y la comunicación bilingüe en las regiones que así lo deseen.

Las lenguas regionales están muy debilitadas en Francia, una República construida con la idea de que una lengua y un sistema educativo único era la garantía de una nación de ciudadanos “libres e iguales”, como consagran los textos fundadores. El uso social, y aún menos administrativo, de estas lenguas es reducido. Está por ver la demanda para las nuevas posibilidades que ofrece la ley. De los 12 millones de alumnos en el sistema escolar francés, unos 170.000 reciben clases en sus lenguas regionales.

El artículo más controvertido es el que permite el acceso a la llamada “enseñanza inmersiva”. Es un término que inquieta a muchos en el país y que el Gobierno ve en contradicción con el artículo 2 de la Constitución, que consagra el francés como la lengua de la República. Los defensores de la ley citan la jurisprudencia del Consejo Constitucional, según el cual “el uso de una lengua distinta del francés no puede imponerse a los alumnos (…) en disciplinas distintas que las de la lengua considerada”. Según este argumento, “no puede imponerse”, pero sí “proponerse”. Esto no significa que vaya a haber escuelas solo en vasco o catalán, pues antes deberían pedirlo los padres y docentes, pero sí que habrá más facilidades para que se aprendan otras asignaturas en estas lenguas.

“Esta ley marca una forma de ruptura en la aceptación de las lenguas regionales por parte de Francia, una inflexión de una tendencia larga en nuestra historia”, dijo a EL PAÍS uno de los miembros de la mayoría presidencial que votó a favor, Romain Grau, diputado de LREM por Perpiñán y catalanoparlante. “Durante mucho tiempo la República consideró que el aprendizaje de las lenguas regionales era una marca de arcaísmo. Hoy se empieza a aceptar que haya un marco más permisivo”.

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